EL LABERINTO DIGITAL Y LA LEY ANTIDESCARGAS: TESEO CONTRA EL MINOTAURO
Todo laberinto, tiene mucho de aventura, pero también de riesgo. Todo laberinto encierra su propio Minotauro, bestia que crece amenzante y que, incontrolable, engulle todo lo que puede. El laberinto digital también tiene su propio Minotauro: una Ley de Economía Sostenible impulsada desde el Gobierno que pretende controlar aún más las libertades personales. La amenaza latente: el control social, un nuevo atentado contra la libertad de expresión.
En la historia de la tecnología se dice que cuando de una tecnología se desconocen sus implicaciones, se tiende a prohibir y a regular. José Antonio Millán, en una de las últimas entradas de su blog, titulada Red y libertad, ha plasmado el sentir de muchos artistas, escritores y blogueros, que ven amenzada su libertad y que ven en peligro el libre juego de ideas en la Red. Nos solidarizamos con las tesis de José Antonio Millán y, secundando su llamamiento, reproducimos íntegramente su entrada:
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Consideramos imprescindible la retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible por los siguientes motivos:
1 -Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y consumidores, entre otros.
2 – Genera para la Internet un estado de excepción en el cual la ciudadanía será tratada mediante procedimientos administrativos sumarísimos reservados por la Audiencia Nacional a narcotraficantes y terroristas.
3 – Establece un procedimiento punitivo “a la carta” para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constituían delito, implicando incluso la necesidad de modificar al menos 4 leyes, una de ellas orgánica. Esto conlleva un cambio radical en el sistema jurídico y una fuente de inseguridad para el sector de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación). Recordamos, en este sentido, que el intercambio de conocimiento y cultura en la red es un motor económico importante para salir de la crisis como se ha demostrado ampliamente.
4 – Los mecanismos preventivos urgentes de los que dispone la ley y la judicatura son para proteger a toda ciudadanía frente a riesgos tan graves como los que afectan a la salud pública. El gobierno pretende utilizar estos mismos mecanismos de protección global para beneficiar intereses particulares frente a la ciudadanía.
Además la normativa introducirá el concepto de “lucro indirecto”, es decir: a mí me pueden cerrrar el blog porque “promociono” a uno que “promociona” a otro que linka a un tercero que hace negocios presuntamente ilícitos
5 – Recordamos que la propiedad intelectual no es un derecho fundamental contrariamente a las declaraciones del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Lo que es un derecho fundamental es el derecho a la producción literaria y artística.
6 – De acuerdo con las declaraciones de la Ministra de Cultura, esta disposición se utilizará exclusivamente para cerrar 200 webs que presuntamente están atentando contra los derechos de autor. Entendemos que si éste es el objetivo de la disposición, no es necesaria, ya que con la legislación actual existen procedimientos que permiten actuar contra webs, incluso con medidas cautelares, cuando presuntamente se esté incumpliendo la legalidad. Por lo que no queda sino recelar de las verdaderas intenciones que la motivan ya que lo único que añade a la legislación actual es el hecho de dejar la ciudadanía en una situación de grave indefensión jurídica en el entorno digital.
7 – Finalmente consideramos que la propuesta del gobierno no sólo es un despilfarro de recursos sino que será absolutamente ineficaz en sus presuntos propósitos y deja patente la absoluta incapacidad por parte del ejecutivo de entender los tiempos y motores de la Era Digital.
La disposición es una concesión más a la vieja industria del entretenimiento en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía en la era digital.
La ciudadanía no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual. Dicha circunstancia ya fué aclarada con el dictado de inconstitucionalidad de la ley Corcuera (o ley de patada en la puerta).
El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, respaldado por más de 200 000 personas, ya avanzó la reacción y demandas de la ciudadanía antes la perspectiva inaceptable del gobierno.
Para impulsar un definitivo cambio de rumbo y coordinar una respuesta conjunta, el 9 de enero se ha constituido la “Red SOStenible” una plataforma representativa de todos los sectores sociedad civil afectados. El objetivo es iniciar una ofensiva para garantizar una regulación del entorno digital que permita expresar todo el potencial de la Red y de la creación cultural respetando las libertades fundamentales.
En este sentido, reconocemos como referencia para el desarrollo de la era digital, la Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, un documento de síntesis elaborado por más de 100 expertos de 20 países que recoge los principios legales fundamentales que deben inspirar este nuevo horizonte.
En particular, consideramos que en estos momentos es especialmente urgentes la implementación por parte de gobiernos e instituciones competentes, de los siguientes aspectos recogidos en la Carta:
1 – Las/os artistas como todos los trabajadores tienen que poder vivir de su trabajo (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta);
2 – La sociedad necesita para su desarrollo de una red abierta y libre (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo D “Acceso a las infraestructuras tecnológicas”, de la Carta);
3 – El derecho a cita y el derecho a compartir tienen que ser potenciado y no limitado como fundamento de toda posibilidad de información y constitutivo de todo conocimiento (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo A “Derechos en un contexto digital”, de la Carta);
4 – La ciudadanía debe poder disfrutar libremente de los derechos exclusivos de los bienes públicos que se pagan con su dinero, con el dinero publico (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo C “Conocimiento común y dominio público”, de la Carta);
5 -Consideramos necesaria una reforma en profundidad del sistema de las entidades de gestión y la abolición del canon digital (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta).
Por todo ello hoy se inicia la campaña INTERNET NO SERA OTRA TELE y se llevarán a cabo diversas acciones ciudadanas durante todo el periodo de la presidencia española de la UE.
Consideramos particularmente importantes en el calendario de la presidencia de turno española el II Congreso de Economía de la Cultura (29 y 30 de marzo en Barcelona), Reunión Informal de ministros de Cultura (30 y 31 de marzo en Barcelona) y la reunión de ministros de Telecomunicaciones (18 a 20 de abril en Granada).
La Red tiene previsto reunirse con representantes nacionales e internacionales de partidos políticos, representantes de la cultura y legaciones diplomáticas.
Firmado
Red SOStenible
La Red Sostenible somos todos. Si quieres adherirte a este texto, cópialo, bloguéalo, difúndelo.
VÍDEO: Mara Torres entrevista a David Bravo en La 2 Noticias sobre la Ley antidescargas (pásalo)
Como ciudadano pedestre y usuario habitual de la red, suscribo los puntos recogidos en el manifiesto “internetista”.
Como ciudadano corriente y moliente también observo ciertos aspectos, que aunque puedan parecer obvios, no por ello a mi juicio son menos importantes:
No hay que olvidar que el actual gobierno de turno es socialista. Es lógico pensar que dicho gobierno tiende a ser intervencionista. Está en su naturaleza y en su programa. En este caso y a través del Ministerio de Cultura se interviene, con el respaldo legal de la Ley de Economía Sostenible. Hasta ahí, más o menos todo bien. Pero la gran pregunta es: ¿Por qué se interviene?. ¿Es de motu propio e interviene el estado de oficio?. ¿O tal vez el estado interviene acuciado por un grupo de presión?. Si estamos en el primer caso, la intervención podrá no gustarnos a ninguno, pero está en su derecho como estado y los ciudadanos “internetistas” nos la envainamos en aras del bien común. Si estamos en el segundo caso, si admitimos que hay un grupo de presión, que hay un “Lobby” que influye en el estado de manera tan determinante a la hora de intervenir, entonces estamos ante una ruptura de la legitimación del estado. Entonces, cuando se antepone el derecho de una asociación privada sobre los derechos de los ciudadanos estamos ante un grave dilema. Y mentando el cómic “Watchmen”, podemos decir abiertamente: ¿quién vigila al vigilante?.
La segunda pregunta obvia es: ¿Quién interviene?. El Ministerio de Cultura. Ah, ¿pero la piratería no es un delito? ¿las descargas ilegales no constituyen cuanto menos una falta recogida en nuestro código penal?. Si la respuesta es sí, quien debe dirigir la investigación es la policía. El problema no lo constituye el que fusila una película, hace 10.000 copias, pone a 300 top-mantas y los distribuye en el metro. Eso es un delito recogido en nuestro código penal. El problema es quien se baja de “la mula” la película porno “Vacaciones de Verano con el Pepino en la Mano” para su uso personal, intransferible y presuntamente pajillero. Esto no es un delito, ni una falta. ¿Qué es entonces?. El estado no se ha atrevido a penalizar esta descarga y ha “fabricado” un sistema de vigilancia y control, pero en el Ministerio de Cultura, que permita cerrar “esa mula” para que nuestro pobre internauta salido tenga que pagar por descargarse en una página “legal” ese clásico onanista. O sea, otra ruptura de la legitimación del estado, esta vez en el ámbito de las competencias. O es delito o no lo es. O es ilegal o no lo es. No existe en nuestro ordenamiento jurídico el concepto “semi-ilegal” ni el “casi-delito”.
Y la tercera y final pregunta es: ¿Cómo se interviene?. Para poder detectar páginas web, blogs o redes sociales que permitan descargas “ilegales” se debe desplegar, en el Ministerio de Cultura, todo un “megasistema” informático, llamémosle un HAL 9000, que por regla general resultará caro de mantener y manejar. Y permítanme el atrevimiento de decir que no está el horno para bollos. Que el gasto público, con la que está cayendo, no puede permitirse el lujo de un HAL 9000.
Saludos cordiales a los “blogueros paradigmáticos”.